Conocí hace unos días Ciudad Juárez, esa mítica ciudad que arde a la vera del Río Grande. Caminé sus calles, tan distintas a las de El Paso, en el otro lado de la frontera, que son inocuas, acaso demasiado bajas de sal. En Juárez, en cambio, se puede percibir el tufo a sangre en las esquinas, el humor antibalas de la gente, el espíritu chabacano y triste de la ciudad. En cada poste, en cada pared, hay carteles de mujeres desaparecidas: ancianas, jóvenes, niñas, ciegas, albinas, mestizas, discapacitadas… En el papel en el que me detengo se busca a Juliana Urbina Ramos, de 16 años, de ojos azules, no tiene iris en el ojo izquierdo y el derecho padece estrabismo, un lunar le marca el hombro. Va vestida de short de mezclilla azul, tenis rosas marca Jordan y blusa verde, dice el texto; también se busca a Diana Sujei Ortiz, de 12 años, de 1 metro 44 y 45 kilos, tez morena, se desconoce su vestimenta; y a María Luisa Blanco de León, de 52 años, 100 kilos, ojos cafés y verrugas en el cuello. Me doy cuenta de que el arte novelesco de Bolaño, en 2666, radica en haber sido fiel a la coda policial.
Hago una foto del cartel y en ese mismo momento la comparto en Facebook; así me hago presente en la marcha «Ni una menos» que se desarrolla en Bolivia, igual que en varias ciudades de Sudamérica.

Vuelvo a casa, me recibe mi hija Fernanda, que tiene once años (solo uno menos que Diana, la niña desaparecida de Juárez) y ya cabalga con soltura en las redes sociales. Me pregunta con angustia por qué están matando a las niñas. No dice mujeres sino niñas. Ha leído los posteos de su hermana, de mis amigas y las suyas, el mío.
Ha visto la tele. Le explico. Dudo un segundo si darle una verdad pornográfica y didáctica o matizada por mi amor. Me decido por lo primero, para que aprenda a cuidarse, pero cuando veo sus grandes ojos asustados me detengo. Se me atragantan los datos: siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia en Bolivia; una mujer muere cada tres días por femicidios aquí; de cada diez personas que acuden a los servicios legales contra la violencia, nueve son mujeres…¹ La contundencia del horror me desalienta y me mueve automáticamente a pensar en que la situación de las mujeres no solo no ha mejorado lo suficiente sino que incluso ha retrocedido respecto de los avances emancipatorios del siglo XX (voto, educación, salario, conquista del espacio público, etc.). Estamos peor que nunca, mascullo, pero los ojos de Fernanda me siguen interpelando incluso días después, cuando me siento a escribir este artículo. Entonces intento una lectura menos resignada, que es al mismo tiempo obvia. Este rebrote epidémico y feroz de violencia es en realidad un reflejo defensivo del machismo, que quiere aplastar con desesperación la desobediencia femenina, su independencia, los espacios conquistados por las mujeres, que son muchos, en su búsqueda intuitiva por la libertad.

Hablo con María Galindo, líder del movimiento feminista Mujeres Creando, uno de los principales colectivos independientes de Bolivia, y ella me ofrece su tesis: «En este momento hay en Bolivia una forma sumergida y subterránea de resistencia, un proceso de despatriarcalización muy importante protagonizado por mujeres, sobre todo de los sectores populares. Es un proceso muy claro de transgresión de los mandatos patriarcales… Las tasas de natalidad han bajado drásticamente en Bolivia, casi evidenciando una huelga reproductiva; el uso del aborto como vía de escape al embarazo, aunque este sea ilegal y de riesgo de vida, es muy frecuente; las mujeres han tomado las calles de nuestro país desplegando un tejido social de subsistencia muy amplio, muy duro, pero que habla de un proceso de emancipación económica importante. La idea del padre proveedor está en crisis. La toma de las instituciones educativas por parte de las mujeres, donde la presencia femenina es mínimo del 50% rompiendo la clásica división sexual del trabajo, es muy evidente también. Estamos ante lo que llamo un proceso de despatriarcalización que viene de facto, desde abajo y de forma masiva, que no es producto necesariamente de un movimiento organizado ni tampoco efecto de leyes en favor de las mujeres».

A María, la imagen de la mujer «víctima, sumisa, muda y doliente» la enoja y tiene razón. Son los medios y las instituciones que acompañan la «cruenta, cruel y violenta respuesta del macho a este proceso emancipatorio» los que difunden esta idea de mujeres rendidas. Al mismo tiempo, y por increíble que parezca, hay todo un sentido común que no se resigna a la incomodidad de un cuestionamiento constante de las relaciones de jerarquía hombre-mujer: qué más quieren las mujeres, por Dios, de qué se quejan tanto las feministas, dicen, como si el feminismo no fuera en realidad una forma de humanismo (que busca acabar con la supremacía masculina, pero no con los hombres) y no un machismo a la inversa.

Un oxímoron social
El panorama es por lo menos entrópico, convengamos. Bolivia, el territorio con el más alto porcentaje de población indígena de Sudamérica, conmemoró el pasado 10 de octubre 34 años continuos de democracia con la primera Asamblea Legislativa paritaria de su historia (49% de mujeres asambleístas), lo que nos convierte en el segundo país en el mundo con mayor participación femenina en una instancia parlamentaria; al mismo tiempo, sin embargo, es el país latinoamericano con el mayor índice de violencia física² contra las mujeres y el segundo, después de Haití, en violencia sexual.

Estamos pues ante un oxímoron social y una realidad que entraña bastante más que su evidente paradoja. Evaluar la situación de la mujer en la sociedad y en la política bolivianas puede ser un ejercicio revelador e interesante, si nos alejamos de los prejuicios y de las conclusiones gruesas y polarizadas que pregonan que el país es un dechado de virtudes debido exclusivamente al liderazgo de un Presidente indígena³ o, por el contrario, el súmmum del subdesarrollo, enmascarado por un ejercicio retórico, ideológico y vacío producido por ese mismo liderazgo.

Antecedentes
Hago un recuento y aprovecho de contarle a Fernanda. En Bolivia, las mujeres obtuvieron el derecho a la ciudadanía en 1944, cuando se les permitió tener carné de identidad como un experimento que debía ser «evaluado» en sus consecuencias para la familia y la sociedad; entonces la mujer no tenía la prerrogativa de celebrar contratos, salvo el de matrimonio, en el que solo tenía obligaciones; carecía del derecho a la propiedad (lo cual le impedía comprar o disponer de bienes), al trabajo remunerado y, por supuesto, a votar (el sufragio universal rige desde 1952).

En los últimos quince años, especialmente en el último decenio, algunos indicadores han cambiado debido, en parte, a que 34 artículos de la Constitución de 2009 consagran los derechos de las mujeres (50,12% de la población) y, como consecuencia, se han generado reformas legislativas en su beneficio. Así, el analfabetismo (absoluto, no el funcional), que alcanzaba al 70% de la población y afectaba principalmente a las mujeres, prácticamente ha desaparecido;⁴ los índices de deserción escolar y los de extrema pobreza que afectan especialmente a las niñas se han reducido,⁵ y los derechos elementales de ciudadanía (acceso al carné de identidad y certificado de nacimiento) se han extendido gratuitamente a las zonas rurales y pobres, en donde hoy el 49% de las tierras han sido tituladas a favor de mujeres, en su mayor parte indígenas y campesinas.

A pesar de todo ello, le explico a Fernanda que nacer mujer y pobre sigue siendo uno de los peores pronósticos de vida. En Bolivia se practican más de 40 mil abortos clandestinos al año; las mujeres no solo ganan menos que los varones (en muchos casos hasta 53% menos) sino que trabajan más que ellos,⁶ y los índices de violencia machista son aterradoramente elevados.

Participación política
Parece evidente que los principales avances alcanzados se verifican en el orden político y de la representación en los distintos niveles y poderes del Estado, lo cual empero no implica todavía una participación del todo efectiva y que haya desaparecido el machismo. El propio Presidente Evo Morales, que ha promovido todo el aparato legal antidiscriminación y antirracismo en el país, ha tenido varios lapsus públicos, en los que ha sorprendido a la audiencia nacional e internacional con expresiones pura y llanamente machistas y sexistas, cuando no homofóbicas.

La líder de Mujeres Creando considera que la participación de las mujeres en los partidos ha sido denigrante y puramente ornamental. «La mayor parte de ese porcentaje de mujeres en el parlamento es solo un número sin consecuencia política –dice–; son mujeres neutralizadas, menospreciadas en el propio partido y en el parlamento, salvo excepciones de mujeres que participan en la cúpula del partido. Lo mismo ocurre en las organizaciones campesinas afines al gobierno.⁷ Se trata entonces de una forma de participación políticamente vacía que además, al convertirse en una apariencia, engaña y confunde. Por eso nosotras denominamos este “avance” cuantitativo del número de mujeres en los niveles de representación política como una mera representación biológica y no ideológica.»

La experta internacional en Planificación Estratégica de ONU Mujeres, Elizaberth Salguero, reconoce que en términos generales existen avances legislativos profundos a favor de las mujeres en el país, que, sin embargo, «no cuentan con la asignación de recursos humanos, técnicos ni presupuestarios suficientes para su implementación».

Y la actual presidenta de la Cámara de Diputados, y militante del partido de gobierno, Gabriela Montaño comenta algo que también es cierto. Entre 2006 y el 2012, Bolivia escaló desde el puesto 87 hasta el puesto 27 en el ránking mundial de equidad de género. «Estos logros –explica– son fruto de una Asamblea Constituyente revolucionaria en relación con los derechos de las mujeres y también de una legislación y reglamentación posteriores que permiten que en todos los órganos legislativos de los diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental, municipal e indígena originario campesino) se garantice la participación paritaria de mujeres. Inclusive en los casos de candidaturas uninominales.»

Violencia institucional
Bolivia registra cerca de 150 femicidios al año, y este número no muestra una tendencia decreciente a pesar de la promulgación de la Ley 348 en 2013, que busca una vida sin violencia para las mujeres. El acceso a la justicia sigue siendo uno de los principales escollos para las mujeres y uno de los lugares donde la violencia institucionalizada y la discriminación de género es más evidente evidente.

Aquí, el que menos tiene un pariente, un amigo, una experiencia propia de abuso y de violencia institucional. «El problema mayor es que el gobierno no ofrece una solución para la justicia. Los niveles de corrupción y venta de sentencias son inmanejables y reflejan los niveles de impunidad que han convertido, por complicidad estructural, al femicidio en un crimen del Estado. Es decir, los niveles de impunidad son altísimos, por la baja calidad de las investigaciones, la poca o ninguna profesionalidad de la policía y por la parcialización recurrente de la fiscalía con los victimarios», explica la portavoz de Mujeres Creando.

Salguero señala también a la administración de justicia como un problema central en el país, y advierte la necesidad de crear y de dotar de recursos a tribunales especializados conforme manda la ley 348. «Solo existen siete juzgados especiales en la actualidad, ante las más de tres mil denuncias de violencia y alrededor de doce feminicidios que se registran mensualmente, lo cual es claramente insuficiente», dice.

La Presidenta de la Cámara de Diputados reconoce las debilidades del Estado boliviano en esta materia. «Un resultado importante de la nueva legislación es que las mujeres están denunciando más la violencia ejercida en su contra y ya se han condenado a algunos culpables de femicidio, delito que antes no estaba tipificado en nuestro Código Penal. Sin embargo, estas nuevas leyes colisionan todavía con un sistema penal y un sistema de justicia en general que requieren enormes transformaciones, para garantizar a todos los bolivianos, no solo a las mujeres, justicia.
Estamos trabajando en ello.»

El espacio doméstico
Es una realidad que en los últimos quince años en Bolivia se han promulgado diversas leyes en nombre de las mujeres: contra la violencia, a favor de sus derechos sexuales y reproductivos, de identidad y género, de cuotas o participación política, entre otras. También que estos cambios formales evidencian una repercusión en el espacio público –sobre todo simbólica– pero que todavía resultan insuficientes en el ámbito privado o doméstico, donde las mujeres seguimos aquejadas por la violencia, la doble y hasta triple jornada, la discriminación salarial, por ese yugo estético que nos autoinflingimos para asfixiarnos de perfección y, también, por ese ejercicio extenuante de travestirnos cuando asistimos al mercado laboral, actuando/vistiendo/pensando como hombres porque esa, creemos, es la manera más efectiva de encajar.

Tengo tres hijos, dos mujeres y un varón. Al principio pensé que ellas serían feministas casi naturalmente, que sabrían serlo por su solo contacto con el mundo, por su condición femenina,que no tendería que ocuparme demasiado en ello; y que en cambio, mi trabajo era con él. Después me di cuenta de que no, de que las cosas en términos de libertad y derechos no pueden darse por sentadas, de que lo que no se nombra no existe y por tanto hay que seguir denunciando a viva voz aquello que es un horror en el mundo. Fernanda vuelve incómoda uno de estos días del colegio. Me pregunta si soy feminista. Le respondo que sí, aunque es algo que ella ya sabe. «Pero no extrema, ¿verdad?», dice, como temiendo mi respuesta. Yo la miro sorprendida, me río y le respondo que sí, que extrema, naturalmente. Iba a comenzar a explicarle por qué, cuando me interrumpió de nuevo: «Yo también, mamá»

Las primeras sufragistas y activistas de los derechos femeninos buscaban conquistar el espacio público (laboral, político, institucional). Todo parece indicar que hoy es necesario mirar las reivindicaciones desde los espacios íntimos, para desde allí establecer cambios más profundos y que permitan que el aparato legal en curso repercuta efectivamente en el universo concreto de las mujeres, que es donde las prácticas y esquemas culturales siguen reproduciendo los repertorios de violencia/dominación. No es poco.